¿POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA o JUSTICIA POLITIZADA?

En un largo artículo El País nos informa de la situación en la que se encuentra la renovación de instituciones judiciales esenciales para el funcionamiento del Estado como es la renovación del Tribunal Constitucional.

En un artículo de hace unos días se quejaba D. Perfecto Andrés de la politización de la justicia.

Es evidente que la politización proviene por un lado de la ley y su aplicación por parte de los partidos. ¿Pero cuánto tiene que ver en ello el modo de asociarse y organizarse la masa social de la judicatura?

La cuestión es si estamos ante la politización de la justicia, que siempre será un eterno problema, pues el poder siempre procurará hacerlo por los medios que pueda, y en España en esto hemos llegado a una insufrible situación por parte de los partidos que hacen las propuestas de candidatos.

Pero el problema que preocupa sobre todo a la ciudadanía no es tanto esa absurda situación de los partidos, que puede ser cambiante, sino la politización de los jueces que les lleva a perder de tal forma su tan proclamada independencia, para reforzar esa absurda situación hasta hacer inviable cualquier solución.

Estamos tan acostumbrados, como hemos visto en el Consejo General de Poder judicial, a que los pronunciamientos colegiados se adapten firmemente a la dependencia de los votos a los partidos que les ha nombrado que hablar de su “independencia” resulta una pura chanza.

Llega a ser tal la situación que Javier Pradera llega a pretender mostrar como ejemplo de independencia el pronunciamiento sobre la sanción al juez Tirado como ejemplo de independencia. Un ejemplo cuya excepción confirma la regla de comportamiento normal del Consejo; donde ha primado por esta vez más el corporativismo que la dependencia partidista.

Todo el mundo sabe y padece normalmente el mal funcionamiento de la justicia. No es de ahora. Los jueces han sido un cuerpo tradicionalmente bastante cerrado y durante mucho tiempo apenas han promovido las acciones pertinentes para superar las dificultades que ahora reclaman como situación extrema. Solo así se explica que durante las diversas alternancias del poder democrático, que ya es de 30 años, apenas se haya actuado eficazmente sobre este problema.

¿Es mera coincidencia con la situación creada en las renovaciones del Consejo y del Tribunal constitucional? ¿Es mera coincidencia con la sanción al juez Tirado?

Causa asombro ver que los Decanos se reúnen “a escondidas”, para preparar una huelga. ¿Reflexionarán ahora sobre la actitud que tuvieron durante tantos años en los juicios habidos contra las reuniones clandestinas de los sindicatos cuando intentaban preparar una huelga? ¿Y las sentencias que dictaron? Porque no estamos hablando tampoco de jueces recién salidos de la olla, sino bien curtidos en las lides de hace muchos años.

Los que tenemos cierta edad no acertamos a comprender estas reacciones de los jueces que pueden llegar a poner en cuestión el funcionamiento normal del Estado. ¿O no vamos a recordar cuando una huelga en España era juzgada como “desorden público”?

Pienso que es una locura que los jueces se pongan en huelga y tengo serias dudas acerca de su legalidad.

Pero sobre todo pienso que el momento elegido responde a una motivación política, más que a una cuestión de auténtica preocupación por el mal funcionamiento por falta de medios.

El problema no es tanto la politización de la justicia sino la politización de los jueces. Porque son los jueces los que tienen la obligación de no dejarse politizar y mantener su independencia.

Y aunque se quejen de que el Gobierno se inmiscuye en su gobierno, ciertamente es competencia del gobierno el funcionamiento de la justicia. No es de recibo que se llegue a extremos como la sanción al juez Tirado, que el Consejo reconoce, porque por eso hay sanción, y la sensibilidad social acerca de cómo valoran los jueces sus propios fallos y cómo valoran los fallos de los demás; habiendo como hay normas de su propio gobierno para clasificar dicha falta con respecto al bien jurídico que hay que respaldar y a las consecuencias que el fallo ha causado. Eso no tiene nada que ver con el "ejercicio del poder judicial", sino a una falta de tipo disciplinario.

Que el gobierno hay intervenido adecuada o inadecuadamente es una cuestión secundaria. Y de eso los jueces deben saber mucho a la hora de matizar.

- Sobre el tema de los medios..... y funcionamiento..... extraigo una declaración de la Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía:

"¿Por qué no hablan nunca de los jueces interinos? ¿Qué es más grave para la justicia, que haya un funcionario, o un juez interino? ¿Podemos llegar a saber por qué y cuándo se dan de baja? ¿Cuánto tiempo se tarda en cubrir la plaza de un juez? ¿Es un juez una persona que nunca descansa, nunca duerme, nunca se va de vacaciones? ¿Por qué nadie habla de de las plazas de jueces que no están cubiertas? Yo he creado el pasado 30 de diciembre nuevos juzgados con toda la plantilla allí y sin jueces. Esa es la clara desventaja. Deben tener la misma obligación que los demás."

Unas líneas antes el periodista le hace algunas preguntas también sobre algunos "privilegios" que tienen los funcionarios de justicia, que no son comunes con otros funcionarios y no digamos con los trabajadores. ¿Tendrán alguna influencia ciertos privilegios sobre el funcionamiento de la justicia?